lunes, 29 de agosto de 2011

LA ACUMULACIÓN Y LA INTERVENCIÓN DE TERCEROS EN EL PROCESO DE AMPARO

Jaime Abensur Pinasco


INTRODUCCIÓN

El presente trabajo plantea desde una perspectiva netamente procesal la definición de parte, la acumulación procesal, la intervención de terceros, todo ello dentro de la Naturaleza del Proceso de Amparo consignada en nuestra Carta Magna en su artículo 200 inciso 2°.

El litisconsorcio, la acumulación y la intervención de terceros, son figuras reguladas y amparadas por el legislador para hacer efectivo el principio de economía procesal y evitar la expedición de fallos contradictorios. Son situaciones en las que obedeciendo a criterios de conexidad se decide acumular en función a las pretensiones o a las personas que lo postulan.

Siendo la naturaleza del proceso de amparo una manifestación de la tutela de urgencia que busca proteger derechos fundamentales, uno de los principales principios aplicables a este tipo de procesos es el de economía y celeridad procesal.

En tal sentido, analizaremos la actual legislación sobre la materia buscando proponer una modificación a estas tres normas con la finalidad de viabilizar o de hacer más eficiente la aplicación de los institutos que desarrollaremos en el transcurso de la presente investigación, con el objeto de que su aplicación no se constituya en un estado de dilación de inoperancia o atente contra los principios de economía y celeridad procesal.




I.          Definición de parte


Parte es precisamente quien, en nombre propio, actúa o contradice en el proceso, o en cuyo nombre, se actúa o se contradice, esto es, los sujetos activos y pasivos de la demanda judicial, o se los sujetos que provocan y aquellos en frente de los cuales es provocada la constitución de la relación jurídico procesal[1].

De acuerdo a los señalado por el Profesor Carlos Matheus López “Parte será aquella que en nombre propio, o en cuyo nombre, se demanda o contradice en un proceso, quedando fijada la titularidad activa o pasiva de ésta, en la relación jurídica procesal, por medio de la demanda, asumiendo por ello todos los derechos, cargas y obligaciones del proceso[2]”.

Para Víctor Moreno Catena, desde un concepto exclusivamente procesal “Parte es quienes en tal condición figuran en el proceso, y únicamente por esa razón, con independencia de los sujetos que puedan integrar la relación jurídica material controvertida. Parte es el dominus litis, quien asume la titularidad de la relaciones procesales, con las cargas y obligaciones, con las expectativas y responsabilidades inherentes a su posición[3]”.

Couture señala que "El concepto de parte es inequívoco en el derecho procesal y denota a aquel que pretende algo en juicio, a aquel de quien, o contra quien se pretende algo. Parte so respectivamente, el actor y del demandado[4]”.

Para Devis Echandía el concepto procesal de parte es puramente formal. Es decir, "En materia civil, laboral y contenciosa administrativa, parte es aquel que demanda en nombre propio o en cuyo nombre se demanda la sentencia o el mandamiento ejecutivo, mediante el proceso; quien es demandado directamente o por conducto de su representante, y quien interviene luego de modo permanente y no transitorio o incidental, esa intervención permanente puede ser como litisconsorte, como simples coadyuvantes, como terceristas y como sucesores de la parte que muere o transfiere sus derechos o se liquida si es persona jurídica. Pero excepcionalmente es parte el sustituto en el proceso, sin que actúe en él ni siquiera como representante, pues el sustituto procesal obra en nombre propio y por interés personal[5]”.

El prestigioso Catedrático Español Juan Motero Aroca define de manera categórica que "Parte es la persona o personas que interponen la pretensión ante el órgano jurisdiccional (demandante o actor) y la persona o personas frente a las que se interpone (demandado)[6]

El Artículo 57º del Código Procesal Civil establece que tiene capacidad para ser parte material en un proceso, toda persona natural o jurídica, los órganos constitucionales autónomos y la sociedad conyugal, la sucesión indivisa y otras formas de patrimonio autónomo.

Por su parte el Código Procesal Constitucional señala en su artículo 39° una amplia posibilidad de interponer el proceso de amparo, al señalar que el afectado es la persona legitimada para ello.

De lo señalado por los autores citados, las partes no pueden ser otras que las que son inherentes a la estructura personal de todo el proceso, existe una gran diferencia en ese sentido cuando nos referimos a un tercero toda vez que este no tiene la posición de parte. Parte no es sinónimo de tercero ya que este puede no ser afectado por los efectos del proceso y tampoco por los efectos de la cosa juzgada.

Para que el proceso pueda seguir sus causes normales es indispensable para el órgano encargado de administrar justicia definir exactamente quiénes son las partes del proceso.

Finalmente debemos señalar que para que exista proceso válidamente constituido es necesario que las partes cumplan con los presupuestos procesales señalados por la doctrina. En tal sentido la parte deberá tener (i) capacidad para ser parte, que no es otra cosa que la capacidad jurídica del derecho civil en el ámbito procesal; (ii) capacidad procesal que debe ser considerada como la aptitud para realizar válidamente actos procesales.


II.         La Pretensión Procesal


Para entender adecuadamente la institución procesal de la "Acumulación" desarrollaremos en primer término la pretensión procesal “El concepto de pretensión procesal viene comúnmente confundido con el de acción, e inclusive con el demanda, no precisándose claramente sus respectivos límites conceptuales[7]”.

La pretensión contiene dos elementos el objeto y el título. Respecto al primero es el que se va a solicitar en sede judicial, es conocido como el petitorio. Con relación al segundo elemento viene constituido por la posición de hecho, es decir causa petendi o causa de pedir.

En ese sentido, encontramos adecuado lo señalado por el profesor Matheus López quien indica que "La adecuada determinación de los límites objetivos y subjetivos de la pretensión posee una trascendental importancia a efectos de determinar la posibilidad o no de configurarla llamada acumulación subjetiva o de pretensiones o litisconsorcio voluntario, puesto que la conexión objetiva que la habilita, sea esta parcial o total, se determina examinando la identidad de las diversas pretensiones sea porque posee idéntico título u objeto, situación que desarrollaremos ampliamente en siguiente punto



III.        La acumulación procesal


El término acumular, importa reunir o juntar determinados elementos. Tal reunión no puede resultar arbitraria, sino que deberá realizarse sobre la base de determinados criterios de comunidad o relación entre estos últimos elementos[8].

La acumulación es una institución procesal por la cual en un mismo proceso puede haber más de una pretensión y/o más de dos personas.

A manera de ir ingresando al tema materia de investigación, es preciso señalar que el Código Procesal Constitucional, sólo desarrolla de manera expresa la denominada acumulación subjetiva de oficio. Sin embargo desarrollaremos en esta parte las distintas formas de acumulación que existen, toda vez que el artículo IX del Titulo Preliminar del cuerpo normativo acotado establece lo siguiente: "En caso de vacío o defecto de la presente ley, serán de aplicación supletoria los Códigos Procesales afines a la materia discutida, siempre que no contradigan los fines de los procesos constitucionales y los ayuden a su mejor desarrollo (...).

No obstante, el análisis de dichas normas se realiza más adelante, no podemos dejar de señalar esta particularidad establecida en este artículo que el legislador ha tenido a bien considerarlo en la columna vertebral del Código Procesal Constitucional. Esta norma quiere decir que cuando exista vacío o defecto se aplicará supletoriamente el Código Procesal Civil cuando de un Proceso de Amparo se trate y del Código Procesal Penal cuando se trate de un Proceso de Hábeas Corpus. En consecuencia, podríamos afirmar que el justiciable podría utilizar los medios establecidos en ambos Códigos Adjetivos con la finalidad de resolver una causa de la mejor forma, incorporando instituciones no previstas en la norma adjetiva constitucional.

En ese sentido ha resuelto el Tribunal Constitucional en diversas sentencias "(...) En el proceso civil y por extensión en los procesos constitucionales rige el denominado principio de bilateralidad o dualidad de partes, el cual se manifiesta en dos posturas antagónicas: la parte demandante y la parte demandada. (...) pero integrados por ficción jurídica como parte en lo que el Derecho Procesal distingue con la denominación de acumulación subjetiva (...)[9]

Por otra parte, mediante sentencia de fecha 18 de octubre de 2006 en su fundamento N° 18, el Tribunal Constitucional ha señalado lo siguiente "(...) Siendo evidente que lo que se resuelva va a afectar la esfera jurídica de la empresa Petramas S.A. y de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 43° del Código Procesal Constitucional, tiene pleno derecho a participar en el proceso de amparo, pues en caso de no estar integrado a éste, podría vulnerarse su derecho constitucional de defensa. Por tanto al no haberse reparado dicha situación por ninguna de las instancias judiciales, se ha incurrido en un quebrantamiento de forma, siendo necesario declararla nulidad de los actuados y la recomposición del proceso al momento en que se cometió la infracción señalada de conformidad con el artículo 20° del Código Procesal Constitucional (...)"



Finalmente, en lo que ha resoluciones que el Tribunal Constitucional ha resuelto con relación a las diversas formas de acumulación tenemos la sentencia de fecha 1303 —2002-AAITC que trata de una acumulación objetiva. Esta resolución señala en su fundamento N° 1 los siguiente "(...) En virtud de que todas y cada una de las demandas tienen la misma pretensión y están dirigidas contra los mismos demandados, de conformidad con el artículo 53° de la Ley N° 26435, Orgánica del Tribunal Constitucional, y por economía procesal, se ha dispuesto la acumulación de los expedientes citados en el asunto de la presente sentencia (...)"

Con la finalidad de demostrar que la institución procesal de la acumulación vamos a desarrollar los distintos tipos que existen en la doctrina, las que son concebidas en nuestro ordenamiento procesal civil y demostraremos finalmente que a nuestro criterio se encuentra erradamente ubicada en el Código Procesal Constitucional.

Tipos de Acumulación

Acumulación Objetiva:
Se trata de un proceso en el que se demanda más de una pretensión. Las cuales pueden ser atendiendo a criterios de oportunidad:

- Acumulación objetiva originaria.- Nos encontramos ante una acumulación objetiva originaria cuando la demanda contiene más de una pretensión, es decir, la pluralidad de pretensiones es propuesta desde el inicio, al momento de presentar la demanda. Siguiendo este criterio, se desarrolla una sub clasificación en función de la relación entre las pretensiones demandadas:

1.         Acumulación objetiva originaria subordinada.- cuando las pretensiones que se propongan tengan una relación de principal a subordinada, lo que quiere decir que la desestimación de la primera conduce al juez a pronunciarse por la segunda.

2.         Acumulación objetiva originaria alternativa.- se presenta cuando el demandante le concede al demandado, en caso de que se ampare su demanda, escoger cuál de las pretensiones va a cumplir.

3.         Acumulación objetiva originaria accesoria.- en este tipo de acumulación también se presenta una suerte de jerarquía entre las pretensiones, por la cual si la principal es amparada esto determinará el amparo de las accesorias.

- Acumulación objetiva sucesiva.- Esta figura se presenta cuando se agregan más pretensiones que deben ser resueltas en el mismo proceso, con posterioridad a la notificación de la demanda. Un caso típico de esta clase de acumulación de pretensiones es la reconvención[10].

Acumulación Subjetiva:
Se presenta cuando en un proceso hay más de dos personas en calidad de parte. Puede ser:

- Acumulación subjetiva originaria.- Se trata de la pluralidad de personas en una parte del proceso, esta puede ser, la parte demandante o demandada, y además esta pluralidad debe ser planteada desde la presentación de la demanda.

- Acumulación subjetiva sucesiva.- Este tipo de acumulación subjetiva implica la incorporación de más personas al proceso con posterioridad a la presentación de la demanda.

El profesor Luis Castillo Córdova al comentar el artículo 43° del Código Procesal Constitucional señala que "Hablar de acumulación en Derecho Procesal, equivale necesariamente hablar de un proceso con pluralidad de objetos. Como se sabe, cada pretensión procesal constituye el objeto de un proceso y, como regla general, tiene su propio iter procesal, distinto e independiente de otros procesos. Siendo esta la regla general, sin embargo, pueden ocurrir situaciones en las que resulta conveniente tramitar a través de un mismo proceso distintos objetos o distintas pretensiones. Es entonces cuando se habla de acumulación de pretensiones en otras palabras cuando existe pluralidad de objetos procesales en un único procedimiento se habla de acumulación, consistiendo ésta en aquel fenómeno procesal basado en la conexión y que sirve algunas veces para evitar sentencias contradictorias y siempre para obtener economía procesal, por el que dos o más procesos son examinados en un mismo procedimiento judicial y decididas en una única sentencia en sentido formal[11]

Como señalamos, el Código Procesal Constitucional, desarrolla expresamente la acumulación subjetiva de oficio pero tampoco estaría dejando de lado la posibilidad de que exista una acumulación objetiva. Consideramos que esto sería obedeciendo a razones doctrinales toda vez que la distinción entre acumulación objetiva y la acumulación subjetiva no es estrictamente técnica, dado que no puede existir una acumulación que no sea objetiva, y en tal sentido, hablaremos en propiedad de dos tipos de acumulaciones una puramente objetiva y otra objetiva - subjetiva.

Si bien, las observaciones respecto al artículo 43° del Código Procesal Constitucional la realizaremos más adelante, no puedo dejar de mencionar algunos aspectos preliminares que considero de relevancia para los efectos de la presente investigación.

Como han podido observar, la institución denominada acumulación es amplia en su concepto, sin embargo la norma procesal constitucional señala como sumilla del artículo 43° "acumulación subjetiva de oficio" y cuando describe el artículo nos encontramos con una sola institución procesal "El litisconsorcio necesario". Consideramos que si el legislador hubiese desarrollado lo prescrito en el Código Procesal Civil se hubiera integrado la norma y no estaríamos por una parte remitiéndola supletoriamente a este tal y como lo señala el artículo IX del Titulo Preliminar de la normas procesal constitucional.









IV.       La intervención de terceros


La intervención de terceros es una acumulación subjetiva sucesiva, es decir, se trata de la incorporación a un proceso, con posterioridad a la notificación de la demanda, de una o más personas.

Cuando hablamos de intervenir, hablamos del ingreso a un ámbito en el que aún no nos encontramos participando; en consecuencia, "tercero son los que intervienen, buscando justamente poder participar en aquel[12].

La intervención obligada de terceros queda configurada cuando a pedido de cualquiera de las partes originarias, el órgano jurisdiccional dispone la citación de un tercero, respecto de quien se considera que la controversia es común, a fin de que participe en el proceso pendiente y que la sentencia que se llegue a dictar puede serle eventualmente opuesta[13].

Ahora bien, la intervención del tercero puede obedecer a distintos orígenes; puede ser a pedido de las partes, del tercero o de oficio por el juez, bajo este criterio se clasifica en intervención voluntaria, cuando se produce por decisión del tercero, o intervención forzada cuando se presenta por pedido de las partes o del juez.

Cabe mencionar que el pedido de parte para solicitar el ingreso de un tercero al proceso debe estar correctamente fundamentado, sustentando el pedido en fundamentos de hecho y derecho que hagan necesaria su incorporación. Lo que se tiene que demostrar es que realmente existe un interés jurídico relevante en el desarrollo y resultado del proceso.

Para entender esta institución es necesario saber que los procesos y en especial el proceso civil nace de un conflicto de intereses o de una incertidumbre que es necesaria resolver o dilucidar, siempre que esta tenga relevancia jurídica, esto último debe justificar el interés jurídico relevante en el desarrollo y resultado del proceso.

El interés jurídico se traduce de varias maneras, puede ser del tipo coadyuvante en la cual la participación del tercero es totalmente accesoria y la sentencia que se expida no lo alcanza directamente, su participación es en calidad de apoyo diligente a una de las partes. Con relación a la intervención de terceros de tipo coadyuvante, Devis Echeandía explica "(...) El coadyuvante no es cotitular de la misma pretensión del coadyuvado, porque entonces tendría una pretensión propia en ese proceso y sería litisconsorte, sino titular de la suya propia, y por esto aún cuando no está legitimado para demandar respecto a la relación sustancial de aquél, sí lo está para intervenir en el proceso que inició su coadyuvado o se sigue contra éste[14]”.

Por otra parte tenemos que tener en cuenta que para que exista la intervención procesal la doctrina tiene en cuenta necesariamente algunos elementos que a nuestro juicio son esenciales (i) La existencia de un proceso pendiente; (ii) La calidad de tercero; (iii) La posibilidad de resentir los efectos de la sentencia. No podemos dejar también establecido que para que un sujeto tenga la posibilidad de ser tercero al intervenir en un proceso tiene que tener la capacidad para ser parte, capacidad procesal y cumplir los requisitos que te exigen la norma adjetiva.

Otro tipo de intervención es la referida a la intervención litisconsorcial, en la cual la decisión a recaer en el proceso va a afectar directamente al tercero, es decir tiene interés directo en la pretensión y por consiguiente, autonomía para realizar actos procesales sin depender de una de las partes del proceso.

El interviniente litisconsorcial tiene un interés personal y distinto de la parte de quien es litisconsorte respecto de la pretensión, esto es muy importante porque si bien el interviniente litisconsorte tiene todas las facultades que tiene la parte, es decir, los dos tienen la misma pretensión pero la causa y el interés que lo motiva son diferentes.

"En la intervención litisconsorcial, la pretensión de interviniente es propia, pero jurídicamente conexa y paralela con la parte consorcial, por emanar de la misma causa jurídica o título, o por ser el interviniente titular de la misma relación jurídica”[15]

La sentencia que se emita en ese proceso afectará al interviniente litisconsorcial a pesar de no haberse incorporado al proceso.

El tercero al intervenir entrará a defender derechos propios, no ajenos, pero no ejercitará una pretensión distinta de la ya ejercitada por el demandante. No suspenderá el proceso y se incorpora en el estado en que se encuentre. A partir de allí, el interviniente se convierte en parte y todas las posibilidades de actuación procesal le están abiertas.

El profesor Luis Castillo Córdova al comentar el artículo 54° del Código Procesal Constitucional señala lo siguiente: "Se recoge el litisconsorcio facultativo por el que se posibilita que una persona que acredite un interés jurídicamente relevante en el desarrollo y resultado del proceso, puede ser llamado por el juez como parte en el proceso. Se trata de personas que no están intrínsicamente ligadas en la relación sustantiva. Se trata más bien de personas independientes del titular de la relación sustantiva, pero que podrían de alguna manera se afectadas por lo que se resuelva en el proceso en donde participa una persona, con quien si mantiene algún tipo de relación[16]

Un tercer tipo de intervención es la excluyente principal, por la cual el tercero tiene una pretensión completamente opuesta a la pretendida por las partes en el proceso y la intervención está dirigida contra las dos partes iniciales.

Señala el Profesor Samuel Abad Yupanqui que en el amparo, como en todo proceso, existe una parte demandante y otra demandada. Sin embargo, podría suceder que otros sujetos, conocidos en doctrina como terceros, también estén en condiciones de ingresar al proceso por contar con legítimo interés para ello.

En efecto, el derecho procesal permite la presencia de terceros en el proceso, distinguiendo una intervención voluntaria (principal o excluyente, adhesiva simple o coadyuvante, y adhesiva autónoma o litisconsorcial) y otra obligada o forzosa.

Este aporte del procesalismo científico se ha visto reflejado en las legislaciones que regulan el amparo. Así sucede en el derecho mexicano, en el cual no sólo el "quejoso" y la "autoridad responsable" deben intervenir en el proceso sino también puede hacerlo un sujeto conocido como "tercero perjudicado". En rigor, anota Fix Zamudio, hay dos tipos de terceros que intervienen en el amparo mexicano. Aquel que participa en las demandas de amparo contra resoluciones judiciales (amparo casación o amparo recurso) en el que el tercero es una verdadera parte; y en el amparo-proceso en el que el tercero interviene como el coadyuvante de la autoridad responsable.

Del mismo modo, en España, la LOTC (artículo 47.1) dispone que: "Podrán comparecer en el proceso de amparo constitucional, con el carácter de demandado o con el de coadyuvante, las personas favorecidas por la decisión, acto o hecho en razón del cual se formule el recurso o que ostenten un interés legítimo en el mismo[17].

De acuerdo a lo señalado por el profesor Español Francisco Díaz Revorio, el tercero no es considerado parte, debido a que en el Proceso de Amparo Constitucional no existe demandado pero en el Proceso de Amparo Civil o Laboral si cabria dicha posibilidad pero cuando el Proceso de Amparo es conocido por el Tribunal Constitucional no existe una parte demandada, ni tampoco cuando se imputa una norma, el demandado es el Gobierno. Con la reforma planteada han visto por conveniente abrir espacios para presentar alegatos, en el sentido de que quien tenga interés legitimo puede presentar alegatos, lo cual no quiere decir que sea parte ante el Tribunal Constitucional en el Proceso de Amparo, sino porque fue parte en el Proceso Ordinario y consecuentemente existe un interés en el resultado del Proceso de Amparo.


V.        El Litisconsorcio


Para comprender la institución del litisconsorcio es necesario definir, en principio a la parte procesal, que es aquella que es titular del derecho que sustenta la pretensión o aquella a quien se le exige tal pretensión.

Desde una perspectiva tradicional y teórica, se considera la relación jurídica procesal como la que supone la presencia de partes conformada cada una de ellas por una sola persona y siendo una sola la pretensión del proceso.

Lo anterior corresponde a la teoría clásica de la relación procesal, lo cierto es que atendiendo a principios como la economía procesal, puede darse la figura del litisconsorcio, el cual implica la presencia de más de una persona en calidad de parte, es decir, más de una persona como demandante o demandada; que por obligaciones, derechos o intereses comunes, están unidas en determinada posición y piden al órgano jurisdiccional el pronunciamiento de una decisión lógica y jurídicamente única, este conjunto de personas que están unidas en una misma posición constituyen una parte procesal única compleja[18].


Como ya se mencionó la pluralidad de parte puede darse en la parte demandante, - litisconsorcio activo -, o cuando se trata de más de una persona en la parte demandada, -litisconsorcio pasivo-, o cuando hablamos de pluralidad de demandantes o demandados no encontramos frente a la figura de litisconsorcio mixto.

Es importante mencionar que la presencia de un litisconsorte puede ser necesaria para la formación adecuada de la relación jurídica procesal y sin su presencia podría darse lugar a la ineficacia del proceso o también puede darse el caso que la presencia del litisconsorte no sea determinante para que se postule correctamente el proceso.

Siguiendo estos criterios se desarrollan dos tipos de litisconsorcio:

- Litisconsorcio Necesario.- Monroy Gálvez señala que se origina en el hecho que más de una persona conforman y tienen, de manera indisoluble, la calidad de parte material, es decir, participan de manera inherente e indivisible en una relación jurídica sustantiva[19].

En términos generales, este tipo de litisconsorcio debe necesariamente concretarse para que quede bien establecida la relación jurídica procesal y la decisión que se expida como sentencia sea eficaz. El juez puede ordenar de oficio para continuar con el proceso, que se notifique al litisconsorte sobre el inicio del proceso y se le otorgue el plazo para que se apersone.

Se trata de un proceso único, que por la naturaleza de la relación jurídica material, es necesario que la decisión sea única de manera que sus efectos alcancen a los miembros de la mencionada relación por igual, por lo que se hace necesaria la presencia de todos los miembros de la relación material para poder decidir sobre le conflicto de intereses o la incertidumbre jurídica que se presenta.

Como lo señala Marianella Ledesma, para que se trate de un litisconsorcio necesario deben concurrir: a) el origen del litisconsorcio es una relación jurídica sustancial; b) la relación sustancial es única para todos los litisconsortes y, c) es imposible romper la relación material y resolver separadamente[20].

A modo de ejemplo se trata de relaciones, las cuales no pueden ser escindidas, como los casos en los que se cuestiona la validez del testamento y deben ser demandados todos los herederos o cuando se pretende la nulidad de un acto jurídico deben ser demandados todas las personas que formaron parte del mismo.

El principal efecto que genera la ausencia de uno de los litisconsortes necesarios, es que se presentaría una falta de legitimidad para obrar, con lo cual no estaría correctamente planteada la relación jurídica procesal, lo que impediría un pronunciamiento válido sobre el fondo.




- Litisconsorcio Facultativo.- En este caso se trata de personas independientes de la relación material que ha dado pie a la postulación del proceso, pero que de alguna manera se pueden ver afectadas por lo que se resuelva en éste. Es por estas razones que la presencia de estas personas en el proceso no es definitiva ni esencial, no existe comunidad de suertes, pero pueden apersonarse porque de manera indirecta pueden verse afectados por la sentencia, su intervención en el proceso es voluntaria y su ausencia no lo afectará, no se trata de un proceso único con pluralidad de partes sino de un fenómeno de acumulación de procesos, atendiendo a criterios de conexidad entre las pretensiones, es decir, la presencia de elementos comunes como pueden ser la causa, el objeto o las personas partes de la relación jurídica material.

Para Montero Aroca, esta acumulación no es un fenómeno consecuencia de la legitimación plural, sino de la posibilidad que dos o más pretensiones se debatan juntas y se resuelvan conjuntamente, pero siempre teniendo en cuenta que darán lugar a dos o más procesos que exigen dos o más pronunciamientos[21], es decir, que cada uno de los litisconsortes esta en la posibilidad de invocar una legitimación procesal autónoma.

Este tipo de litisconsorcio genera que la sentencia se pronuncie por cada una de las pretensiones planteadas, siendo cada uno de ellos responsable de probar su pretensión.


VI.       Naturaleza del Proceso de Amparo


- Antecedentes

El proceso de amparo, tiene un origen hispano latinoamericano, por primera vez se tiene conocimiento de la palabra amparo es en el siglo XIX, la Constitución Mexicana del Estado de Yucatán de 1840 la menciona como un instrumento procesal que podía presentarse ante el poder judicial para controlar la constitucionalidad de los actos de la Legislatura, la legalidad de los actos del ejecutivo y tutelar los derechos constitucionales del gobernado contra actos de cualquier autoridad, incluyendo a los judiciales[22]. Posteriormente, la acción de amparo es recogida en el Acta de Reformas de 1847, como una acción que tiene la finalidad de proteger los derechos concedidos por la Constitución y las leyes constitucionales contra cualquier ataque de los poderes Legislativo y Ejecutivo e impartir protección en el caso particular. Así, luego esta acción es recogida por la Constitución del Estado de Querétaro de 1917, siendo uno de los logros más trascendentes en la defensa de los derechos humanos, constituyendo en ese momento una garantía original y sin precedente legislativo anterior[23].

Durante ese mismo siglo se desarrollaron figuras tendientes a proteger derechos constitucionalmente protegidos en América, es así que en Brasil se presenta la figura del Mandato de Seguridad por el cual se velaba por la protección de los derechos que no se encontraban amparados por el Hábeas Corpus dirigido contra la autoridad responsable de la ilegalidad o del abuso de poder.

Asimismo, en Argentina tampoco existía un mecanismo de protección de derechos diferentes a los relacionados con la restricción ilegítima a la libertad corporal de las personas, de esta manera y ante el desamparo de las personas en sus derechos constitucionales, en la década del 50, el gobierno de la Revolución incluye al amparo en su Constitución, pues derechos fundamentales implícitos en la Constitución deben tener garantías constitucionales implícitas para la defensa de aquellas. Al respecto Alfredo Orgaz señala: "El Recurso de Amparo en Argentina, en suma, ha surgido directamente de la interpretación actual y viva de la Constitución impuesta por una experiencia dolorosa y próxima y por las actuales condiciones del mundo respecto a los derechos del hombre y del ciudadano". Este recurso no traiciona a la Constitución ni siquiera la deforma; al contrario, ha nacido para respetarla y servirla de verdad, ni con sentido inmutable e inerte sino progresista[24].

Es así como se desarrolla esta garantía constitucional en América Latina, como un recurso necesario para la protección de derechos inherentes a la persona humana y que estaban siendo cuestionados y vulnerados por hechos que venían ocurriendo en el ámbito mundial.

Las garantías constitucionales en general, constituyen un mecanismo que la Constitución prevé para asegurar el ejercicio y libre desarrollo de los derechos de las personas que en el referido texto normativo se consagran, protege contra la vulneración de derechos diferentes a los relacionados con la libertad individual derecho que es protegido mediante la acción de hábeas corpus[25].

- El Proceso de Amparo en el Perú

En el Perú, la acción de Amparo es recogido por primera vez, con dicha denominación, por la Constitución de 1979, diferenciando el proceso constitucional hábeas corpus y el proceso de amparo; la Constitución de 1993 vigente, mantiene las referidas garantías constitucionales y agrega el hábeas data y la acción de cumplimiento, con respecto a la acción de amparo literalmente señala:

El Proceso de Amparo en el Perú ha tenido diversas variables en el trascurrir del tiempo. El Proceso de Amparo con la Ley N° 23506 tenía tres instancias judiciales obligadas entre sí, con lo cual se podía llegar al Tribunal de Garantías Constitucionales a través del Recurso de Casación y no sólo por ampraros ante resoluciones judicial. En la década de los 80 esta situación sufre algunos cambios y se pasa de un modelo a otro, es decir se pasa a dos instancias judiciales en este nuevo modelo se retira a la Corte Suprema de conocer el Proceso de Amparo, salvo cuando se interpone contra resoluciones judiciales, que se inicia en primera instancia a través de Corte Superior y la Corte Suprema constituye la segunda y última instancia.








Artículo 200º sobre las garantías constitucionales:

2) La Acción de Amparo, que procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitución (...) No procede contra normas legales ni contra Resoluciones Judiciales emanadas de procedimiento regular.

Actualmente el Proceso de Amparo se encuentra regulado por El Código Procesal Constitucional Ley Nro 28237 la misma que en su primera Disposición Transitoria y Derogatoria, derogó la Ley Nro. 23506- Ley de Hábeas Corpus y de Amparo y la Ley Nro. 25398 Ley complementaria de la Ley de Hábeas Corpus y Amparo.


- Objeto del Proceso de Amparo

Se concibe como un proceso urgente de naturaleza constitucional cuya pretensión es obtener la protección jurisdiccional frente a los actos lesivos (amenazas, omisiones o actos stricto sensu) de los derechos constitucionales distintos a la libertad individual y a los tutelados por el hábeas data, cometidos por cualquier autoridad, funcionario o persona[26].


- Proceso de Amparo

La función jurisdiccional del Estado Peruano en materia constitucional está encargada del órgano jurisdiccional ordinario y a un órgano jurisdiccional denominado Tribunal Constitucional[27].

De esta manera, las instancias en el proceso de amparo, en el Perú son tres, dos en el poder judicial y la última y definitiva como recurso extraordinario en el Tribunal Constitucional, la justicia ordinaria es competente para conocer en primera y segunda instancia y vía recurso extraordinario el Tribunal Constitucional para revisar estas decisiones judiciales en materia de derechos fundamentales tutelados donde este último se va a pronunciar también por el fondo diferentes a los protegidos por el hábeas corpus y el hábeas data.

Para interponer válidamente la acción de amparo, tienen que concurrir tres supuestos:

·                Se afecte un derecho fundamental previsto en el artículo 2 de la Constitución y cualquier otro derecho fundamental según se deduce del artículo 3, siempre y cuando la violación o amenaza no haya cesado.

·                El hecho lesivo se produce en función de un acto comisivo u omisivo de cualquier autoridad, funcionario o persona.




·                No exista otro medio de defensa del derecho fundamental, por ello es que en principio el amparo debe ser un proceso subsidiario que no reemplace a otros medios ordinarios de defensa judicial, es decir, se hayan anotado las vías previas salvo que el daño pueda devenir en irreparable[28].

Para determinar el órgano jurisdiccional competente, encargado de conocer en primera instancia una demanda de amparo, éste se realiza en virtud a la competencia por razón de territorio, es decir, será competente el juez del lugar donde ocurra la violación o amenaza que causa la demanda, similar criterio de asignación de competencia se utiliza en Colombia, Chile, Ecuador y Venezuela.

Asimismo, son competentes para conocer el proceso de amparo los juzgados especializados en lo civil, mixto o de derecho público y en caso que el proceso de amparo se interponga contra resoluciones judiciales el órgano competente para conocer el caso en primera instancia es la Corte Superior del lugar donde ocurrió el hecho.

El Tribunal Constitucional es competente para conocer los casos vía recurso extraordinario, en el Perú la Constitución Política del Perú, especifica las facultades de
esta Institución:

Artículo 202.- Corresponde al Tribunal Constitucional

2) "Conocer, en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias de amparo..."[29]. En concordancia con el artículo 41 de Ley Nro 26435 Ley Orgánica del Tribunal Constitucional "El Tribunal Constitucional conoce el recurso extraordinario que se interponga en última y definitiva instancia contra las resoluciones de la Corte Suprema o de la Instancia que la ley establezca, denegatorias de las acciones de Hábeas Corpus, Amparo.....".

En el caso de la intervención de terceros, como ya lo hemos mencionado, el derecho procesal admite la figura de la intervención de personas diferentes al demandante o demandado que acrediten tener interés jurídico relevante en el objeto del proceso, en el caso del proceso de amparo, El Código Procesal Constitucional, permite la intervención de terceros. Su artículo 54 señala: "Quien tuviese interés jurídicamente relevante en el resultado de un proceso, puede apersonarse solicitando ser declarado litisconsorte facultativo. Si el Juez admite su incorporación ordenará se le notifique la demanda. Si el proceso estuviera en segundo grado, la solicitud será dirigida al Juez Superior. El Litisconsorte Facultativo ingresa al proceso en el estado en que éste se encuentre. La resolución que concede o deniegue la intervención litisconsorcial es inimpugnable.

Por otra parte, el artículo 43 del mismo cuerpo normativo establece que existe acumulación sujetiva de oficio "Cuando de la demanda apareciera la necesidad de comprender a terceros que no han sido emplazados, el Juez podrá integrar la relación procesal emplazando a otras personas, si de la demanda o de la contestación aparece evidente que la decisión a recaer en el proceso los va a afectar".


De lo que se trata es de evitar la indefensión de cualquier persona que se pueda ver desprotegida o afectada con lo que resuelva el proceso y puede hasta sancionar con la nulidad del mismo en casos en que no se cumpla por afectar el debido proceso.

Como lo señala Néstor Pedro Sagues, la posible intervención de terceros puede presentarse en dos niveles, i) Por personas que se ven perjudicadas con el acto lesivo o ii) Respecto de personas que se ven beneficiadas por el acto cuestionado, esta intervención se justifica en el interés legitimo en el objeto de la demanda, traducido en el hecho que con la sentencia puede verse beneficiado o perjudicado[30], (legislación subsidiaria aplicable).


VII.      Análisis de los artículos IX, 43° y 54° del Código Procesal Constitucional


Siendo la naturaleza del proceso de amparo una manifestación de la tutela de urgencia que busca proteger derechos fundamentales, uno de los principales principios aplicables a este tipo de procesos es el de economía y celeridad procesal.

Por esa razón, hemos desarrollado de manera extensa las instituciones relativas a las partes, la pretensión procesal, la acumulación procesal, la intervención de terceros y el litisconsorcio, todas ellas relacionadas en el ámbito del derecho procesal civil.

Por su parte, se tuvo en cuenta la naturaleza del proceso de amparo, los derechos que protege esta institución los mismos que no señalaremos en esta oportunidad.


- Artículo IX del Código Procesal Constitucional

En primer término encontramos que el artículo IX del Titulo Preliminar del Código Procesal Constitucional, deja abierta la puerta para que la autoridad jurisdiccional y el Tribunal Constitucional puedan utilizar de manera supletoria el Código Procesal Civil, situación que dificulta y desnaturaliza la esencia del Proceso de Amparo toda vez que éste es un proceso que constituye una manifestación de la tutela de urgencia.

Mesía afirma lo siguiente "Su aplicación supletoria, sin embargo, cómo está dicho sólo es de recibo en sede procesal constitucional si coadyuva a su mejor desarrollo, más no si lo entorpece o lo desfiguran al punto de impedir el cumplimiento de los fines que son materia de los procesos constitucionales".

Al respecto, el profesor Castillo Córdova señala "El Código Procesal Constitucional, como norma procesal destinada a regular los procesos constitucionales, supone al menos las siguientes dos consecuencias. Primero, que apelará — para la regulación — a los principios generales del derecho procesal, con las particularidades que demanden la especialidad del objeto de regulación: los procesos constitucionales. Y segundo, que si en los casos concretos de aplicación de los dispositivos del referido código se presentasen vacíos o lagunas, el operador del derecho juez o abogado debe apelar a otras normas procesales afines para salvar el inconveniente[31]"


Consideramos que este dispositivo, si bien se caracteriza por ser extremadamente extenso en su concepción, estamos de acuerdo que lo señalado podría eventualmente solucionar alguna dificultad de orden procesal que se presente en el transcurso del proceso siempre y cuando no desnaturalice la esencia misma del proceso de amparo. En este aspecto nos encontramos de acuerdo con lo señalado por el profesor Castillo Córdova.

Sin embargo, por la naturaleza del proceso de amparo que exige una solución inmediata, esta norma debe ser utilizada con responsabilidad por parte de los operadores del derecho, de tal forma que no se permita la dilación de este proceso que termine constituyéndose en lo que la doctrina denomina abuso procesal, situación que en nuestra realidad, demostrado está, es difícil de evitar.

Asimismo, hay que tener en cuenta que el proceso de amparo es visto en tres instancias, situación que podría ocasionar excesos en el uso de los diversos institutos con el cuenta la norma procesal civil que en este caso se aplicaría de manera supletoria, razón por la cual, podríamos afirmar que las reglas del proceso deben estar claramente establecidas, tal como se encuentra desarrollada en nuestro ordenamiento procesal civil.


- Artículo 43° del Código Procesal Constitucional

Como señalamos, la institución denominada acumulación es amplia en su concepto, sin embargo la norma procesal constitucional indica como sumilla del artículo 43° "acumulación subjetiva de oficio" y cuando describe el artículo nos encontramos con una sola institución procesal "El litisconsorcio necesario". Consideramos que si el legislador hubiese desarrollado lo establecido en el Código Procesal Civil se hubiera integrado la norma y no estaríamos por una parte remitiéndola supletoriamente a este tal y como lo señala el artículo IX del Titulo Preliminar de la normas procesal constitucional.

Consideramos que el artículo en mención confunde dos figuras procesales, como el litisconsorcio de tipo necesario y la acumulación de procesos en función a las personas que lo componen. Para que se trate de un litisconsorcio necesario deben concurrir: a) el origen del litisconsorcio es una relación jurídica sustancial; b) la relación sustancial es única para todos los litisconsortes y, c) es imposible romper la relación material y resolver separadamente.

La acumulación es una institución procesal por la cual en un mismo proceso puede haber más de una pretensión y/o más de dos personas, hay que tener en cuenta que al momento de que el juez tome una decisión al respecto, éste se manifestará en la sentencia por cada una de las pretensiones que se plantearon, a diferencia del litisconsorcio, el juez dictará una sola sentencia que en su caso afectará de manera similar a todos las partes que intervinieron en el proceso.

En consecuencia, siguiendo lo señalado por el profesor Luis Castillo Córdova, tal como se encuentra desarrollado el artículo que analizamos se estaría confundiendo las figuras de la acumulación objetivo subjetiva con los supuestos del litisconsorcio, toda vez que la pluralidad de pretensiones y la legitimación individualizada no podría dictarse una sentencia con pronunciamiento único y que afecte por igual a todas las partes.

Por nuestra parte, encontramos conforme la forma cómo el Código Procesal Civil desarrolla estas instituciones toda vez que, las diferencia y les asigna autonomía en su desarrollo. Es por ello, que cuando en el Código Procesal Civil se desarrolla la acumulación subjetiva, no basta con la simple concurrencia de varios sujetos como demandados o como demandantes, se requiere necesariamente de conexidad en las pretensiones.

En consecuencia, la acumulación exclusivamente subjetiva no existe, tal como lo plantea el vigente Código Procesal Constitucional, lo que en rigor existe, es una acumulación objetivo subjetiva.

- Artículo 54° del Código Procesal Constitucional

Tratándose de la naturaleza de un proceso de amparo donde se está discutiendo derechos fundamentales no debería permitirse expresamente el ingreso de un litisconsorte facultativo en cualquier estado del proceso, ya que si bien podría contar con el interés jurídicamente relevante, las consecuencias de la sentencia no lo va afectar. Dentro del análisis que realizamos en este trabajo tal y como esta planteado en el actual Código Procesal Constitucional existe la posibilidad latente de que las partes al encontrar este tipo de facilidades puedan ejercer su derecho a intervenir en un proceso llegando en algunos casos a constituirse lo que en doctrina se denomina el abuso procesal.

Dentro de la teoría de los actos propios, la misma que se va a dar en ámbitos de orden material, sustantivo o procesal, propugna el hecho de sancionar en forma inadmisible una pretensión legítima de un sujeto respecto a la conducta anterior de otro sujeto.

Esto lo podemos explicar desde el punto de vista procesal, cuando una de las partes durante el proceso advierte un vicio procesal y no lo manifiesta en su oportunidad, porque de pronto el proceso les está siendo favorable en una primera y segunda instancia y cuando llega en recurso extraordinario denuncian el vicio, es evidente que no existe una conducta coherente, lo que constituye una forma de abuso procesal.

En conclusión, siendo el litisconsorcio facultativo aquel por el se posibilita a una persona que no se encuentra intrínsecamente ligadas a la relación jurídicamente sustantiva, su intervención en el proceso debería ser limitada, teniendo en cuenta para ello la naturaleza del proceso de amparo.

Siendo consecuentes con lo dicho, no podemos dejar de mostrar nuestra preocupación con lo señalado en el artículo 44° de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que establece "Las partes que intervienen ante el Tribunal no pueden ofrecer nuevas pruebas ni alegar hechos nuevos ante éste".

Entonces, si por un lado tenemos que el litisconsorte facultativo puede ingresar al proceso, en cualquiera de sus etapas, que razón existe para que ingrese cuando el proceso se encuentre en el Tribunal Constitucional, si la misión fundamental es para que colabore con el proceso y posiblemente al hacerlo presentará hechos nuevos o pruebas nueva, consideramos innecesario a esta apertura, en todo caso la norma debe ser clara, precisa y cerrar la posibilidad de que sea en cualquier etapa del proceso.



De acuerdo a lo analizado hasta el momento, distingo dos formas de accionar en el Proceso de Amparo, situación que me permitirá determinar en que casos las instituciones procesales que se ha venido analizando se encuentran integradas correctamente en el actual Código Procesal Constitucional.

Conforme lo señala la primera parte del articulo 51° del Código Procesal Constitucional "Son competentes para conocer del proceso de amparo, a elección del demandante, el Juez civil de/lugar donde se afectó el derecho, o donde tiene su domicilio el afectado o donde domicilia el autor de la infracción"

Consideramos que esta primera parte de la norma es lo suficientemente clara para llegar a la conclusión de que en esta parte del proceso no existiera ningún inconveniente de que exista intervención de terceros, litisconsorcio necesario, facultativo etc., ya que considero que esta parte del proceso tiene bastante claro el trámite que sigue desde la interposición de la demanda, los plazos, las actuaciones que el juez considere necesarias llevar a cabo, la posibilidad de subsanar en caso de que la relación procesal así lo permita, hasta la etapa de sentenciar.

Sin embargo, tenemos el proceso de amparo que tiene su punto de partida en la Corte Superior de Justicia cuando la afectación de un derecho se origina en una resolución judicial. Esta demanda se inicia a partir de un proceso ordinario y la recurrida en el caso particular es la sentencia que fue emitida por autoridad competente. Como señala el Profesor Eguiguren, con quien nos encontramos de acuerdo, en esta etapa no existe un demandado por que, lo que se le está pidiendo al colegiado es que revise una resolución emitida por autoridad competente que ha criterio de quien solicita esa revisión le esta causando agravio.

Finalmente, es preciso advertir que estaríamos dejando a criterio de la autoridad judicial el uso de las instituciones procesales, situación que por cierto no nos parece del todo acertada, considero que las etapas en el proceso de amparo deben estar claramente identificadas, con el objeto de no crear situaciones que permitan a los justiciables desnaturalizar el proceso.





Conclusiones

1.         El Código Procesal Constitucional admite, de manera supletoria, el uso de las figuras reguladas por el Código Procesal Civil, de manera que se puedan salvar situaciones procesales no contempladas para el proceso de amparo, pero es necesario precisar que su aplicación debe ser cuidadosa, evitando un uso indebido de las figuras procesales que desnaturalicen el amparo y que puedan generar abuso procesal.

2.         El Artículo 43° del Código Procesal Constitucional incluye dos figuras procesal distintas entre si, la acumulación subjetiva de oficio, por la cual en un mismo proceso existen pluralidad de personas en calidad de parte y cada una de ellas con pretensiones distintas pero que mantienen algún tipo de conexidad en la causa o en el objeto y, por otro lado el litisconsorcio necesario, por la cual una parte esta conformada por dos o más personas que mantienen una misma pretensión en el proceso contra el demandado.

3.         Es necesario diferenciarlas por los efectos de cada una de ellas, mientras que en la acumulación subjetiva la sentencia debe pronunciarse por cada una de las pretensiones que se conozcan en el proceso pudiendo asignarles a cada una consecuencias distintas, en el litisconsorcio necesario existe una sola sentencia que resolverá la o las pretensiones de las cuales son titulares todas las personas que conforman la parte y que las afectará de manera similar.

4.         Existe una contradicción entre el artículo 54° del Código Procesal Constitucional y el artículo 44° de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, ya que el primero admite el ingreso de un litisconsorte facultativo al proceso en cualquier etapa de éste mientras que la Ley Orgánica restringe la inclusión de hechos y pruebas nuevas ante el Tribunal; en virtud a esto es necesario que la norma especifique y sea clara al respecto.

5.         El artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional si bien deja la puerta abierta para la utilización de las figuras reguladas por el Código Procesal Civil, hubiera sido conveniente que dicho cuerpo formativo regule explícitamente las figuras procesales capaces de ser usadas y que ayuden a resolver el caso materia del amparo de manera inmediata, sin dilatar el proceso.



[1] ZANZUCCHI, Marco Tullio. "Dirrito Processuale Civil", Vol 1, Milano, Giuffré — Editore 1946 p. 391
[2] ZMATHEUS LÓPEZ, Carlos Alberto, "Parte, Tercero, Acumulación, e Intervención Procesal" Palestra Editores Lima 2001 p. 25
[3] MORENO CATENA, Víctor. "Derecho Procesal Civil". Editorial Tirant Lo Blanch Valencia 1995 p. 49-50
[4] COUTURE, Eduardo J. "Estudios de Derecho Procesal Civil" Ediciones Depalma. Buenos Aires 1978. Tomo III p. 425
[5] DEVIS ECHANDIA, Hernando. "Teoría General del Proceso". Editorial Universidad Tomo 1 Buenos Aires 1984 p. 362-363
[6] MONTERO AROCA, Juan. "Derecho Jurisdiccional". Editorial Tirant lo Blanch 7ma edición. Valencia 1997
[7] MATHEUS LÓPEZ, Ob. Cit. p. 53
[8] MATHEUS LÓPEZ, Ob. Cit. p. 66
[9] Exp. N° 5012-2006-AA/TC Rafael Antonio Farfán Cutimango 11 de diciembre de 2006 fundamento N° 2
[10] Se presenta cuando el demandado en el procedimiento ya iniciado, se convierte en actor, interponiendo una pretensión frente al demandante inicial para que sea resuelta en el mismo proceso.
[11] CASTILLO CÓRDOVA, Luis. "Comentarios al Código Procesal Constitucional" Segundo Volumen, Palestra Editores, Lima, 2006, p. 874.
[12] MATHEUS LÓPEZ. Ob. Cit. p. 85
[13] KENNY, Héctor Eduardo, "La intervención obligada de terceros" Ediciones Depalma. Buenos Aires 1983, p. 25.
[14] DEVIS ECHEANDIA, Hernando, "Compendio de Derecho Procesal", Editorial ABC, Bogotá, 1974, Tomo 1, p. 306.
[15] LEDESMA, Ob. Cit. Tomo 4 p. 355.
[16] CASTILLO, Ob. Cit. p. 951.
[17] ABAD YUPANQUI, Samuel, "El Proceso Constitucional de Amparo en el Perú: Un Análisis desde la Teoría General del Proceso"
[18] LEDESMA, Marianellla, "Litisconsorcio e intervención de terceros en la jurisprudencia" en Cuadernos Jurisprudenciales, Gaceta Jurídica, Nro. 03, setiembre, Lima, 2001, p. 03.
[19] MONROY GALVEZ, Juan, "Partes, acumulación, litisconsorcio, intervención de terceros y sucesión procesal en el Código Procesal" en Análisis del Código Procesal Civil, Cuzco Editores, Tomo 1, Lima, 1994, p. 103.
[20] LEDESMA Marianella, "Litisconsorcio e intervención de terceros en la jurisprudencia" en Cuadernos Jurisprudenciales, Gaceta Jurídica, Nro. 3, Setiembre, Lima, 2001, p. 4.
[21] MONTERO AROCA, Juan, "Derecho Jurisdiccional", Tomo 2, Bosch, Barcelona, 1995, p. 57
[22] BURGOA, Ignacio, "El juicio de amparo", 40 edición, México, Editorial Porrúa, 2004, p. 112
[23] PALACIOS DEXTRE, Darlo, "El Proceso Constitucional de Amparo", Lima, 2004, p. 45-46.
[24] ORGAZ, Alfredo, "El Recurso de Amparo", Editorial Desalma, Buenos Aires, 1966, p. 59.
[25] CHANG HERNÁNDEZ, Guillermo, "Ensayos Jurídicos" Serie Derecho Joven, Editorial San Marcos, p. 10- 11
[26] ABAD YUPANQUI, Samuel, Lima, p. 98 “El proceso constitucional de amparo", Gaceta Jurídica, 2004, Lima, p. 98
[27] RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, Elvito, "Derecho Procesal Constitucional" 2da edición, Editorial Grijley, 1999, Lima, p. 17
[28] LANDA ARROYO, César, "Modela Lima, p. 33
[29] COMISIÓN ANDINA DE JURISTAS, de Jurisdicción Constitucional", Editorial San Marcos, "Los procesos de Amparo y Hábeas Corpus", p. 88- 105
[30] SAGUES, Néstor Pedro, "Ley de amparo", Editorial Astrea, Buenos Aires, 1979, p. 295.
[31] CASTILLO CORDOVA. Ob. Cit. p. 97-98

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