lunes, 23 de mayo de 2011

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, LA DIVISIÓN DE PODERES Y EL CONTROL POLÍTICO COMO MECANISMOS QUE OTORGAN LEGITIMAD AL PODER POLÍTICO

Esta semana Cuarto intermedio presenta un interesante artículo de Tania Sabbagg Chacón, abogada, especialista parlamentaria del Congreso de la República del Perú, asignada a la Comisión de Seguridad Soocial, a quien agradecemos por su colaboración con Cuarto intermedio.

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, LA DIVISIÓN DE PODERES Y EL CONTROL POLÍTICO COMO MECANISMOS QUE OTORGAN LEGITIMAD AL PODER POLÍTICO

Nos preguntaríamos ¿Qué es soberanía popular? ¿Qué es el pueblo? y ¿Qué papel juega en el rol de la democracia? ¿Cómo es que los actos de los gobernados y gobernantes (pueblo / representantes) se invisten de legitimidad a través de la Constitución Política, la división de poderes, los mecanismos de control entre el ejecutivo – legislativo o legislativo – ejecutivo, actos de control que brindan equilibrio y que juegan un papel primordial en la legitimidad del poder dentro del contexto de nuestro gobierno peruano, y asimismo, planteo en forma descriptiva cuáles son los actos que otorgan aquella legitimidad que permita gobernar en su estado natural y su estado positivo a nuestros representantes.

Antes de realizar un análisis respecto del papel que juega la Constitución Política es  necesario que aborde el estudio que realizaron Tomás Hobbes y Rousseau, amparándome primero en el “Leviatán”, que recoge a un Estado Civitatis en su forma más pura, ya que lo define en todos sus extremos, siendo éste cuerpo político perfecto, que es el único que lo puede todo, el cual está investido de una autoridad supra natural donde el súbdito (pueblo) le debe respeto, le debe obediencia a través de sus leyes naturales y sus leyes positivas, es decir un súbdito que debe subordinarse y no ser parte integral de aquel estado (ciudad) a que pertenece, al hombre Hobbes lo separa del ámbito político no lo hace participe, a pesar que lo considera súbdito no lo pone en un eje integral. La filosofía y la teoría social de Hobbes representan una evidente reacción contra las ideas descentralizadoras (parlamentarias) y la libertad ideológica y de conciencia que proponía la Reforma, en la que él avistaba el peligro de conducir inevitablemente a la anarquía, el caos y la revolución, de forma que para él fue necesario justificar y fundamentar la necesidad del absolutismo como política ideal con la que soslayar dichos “males”.

Asimismo la razonabilidad que si la hace Rousseau a través de su gran obra “El Contrato Social”, donde configura a una persona individual, que forma parte de un contrato a través de un cuerpo moral y colectivo que genera una manifestación de un voto para así proceder a la creación de una asamblea, la misma que no será otra que la persona jurídica llamada “Estado” y que según el autor, es la unión de todos para todos y no será otra cosa que el pueblo representado en forma colectiva y llamado al mismo tiempo “ciudadano” visto desde el punto de vista individual.  Este Estado viene a formar un cuerpo único pero instituido, investido de esta gran voluntad, que otorga fuerza y libertad entregada por todos los ciudadanos y que pactan un Contrato Social en beneficio de ellos mismos, entregando toda su vida, sus fuerzas, su yo, pero a la vez es como si no entregaran nada porque al final todos vienen a ser iguales, es ahí donde nacen las grandes diferencias con el planteamiento de Hobbes, Rousseau defiende al ser humano como único, pero que debe integrarse con los demás, deben generar fuerza y crear a través de su voluntad y entregando poder a una figura llamada “Estado”, “Asamblea” para que los representen en sus intereses, y además Rousseau comenta que la esencia del hombre no se debe perder como si lo plantea Hobbes, que anula al hombre en todo su sentir, para hacerlo súbdito, para convertirlo solamente en una pieza,  ese gran monstruo que es el “Leviatán”, por lo que Rousseau en contraposición a este planteamiento defiende al hombre como hombre, como ente social-político de un Estado integrado por éstos, sino que asimismo, defiende a sus instituciones a la separación de poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial.  Es ahí que Rousseau implanta la teoría de los estados liberales y modernos, siendo su obra una las inspiraciones de la Revolución Francesa y de muchos estados democráticos en el mundo actual.

Cito a estos autores para poder analizar como es que la norma permite que se le  otorgue legitimidad al poder, esto se logra en lo estados realmente constituidos y normados por su ley máxima “la Constitución”, aquel Contrato Social, aquel Leviatán o aquella legitimidad del poder que es otorgado cuando un político da su discurso o a través de las normas positivas que están prescritas en un adecuado Estado de Derecho y escrita en sus manifiestos normativos. Por lo nos preguntamos ¿cómo se organiza el poder? ¿Cuáles son sus características esenciales? La frecuente distancia entre el Derecho Público, y la realidad social sobre la que opera hace que nos sea difícil apropiarnos del objeto –realidad del poder – y condiciona el entendimiento del fenómeno en cuestión.   Es importante conocer las instituciones del Estado, éstas carecen de sentido cuando se ignora el funcionamiento de las estructuras sociales y económicas, que constituyen el soporte material de las superestructuras.

El hombre vive desde su constitución en comunidades políticas, en una permanente paradoja: tiende a organizar un poder y, una vez constituido, se esfuerza por oponerle toda suerte de controles.  Y no podía ser de otro modo, por cuanto el poder muestra desde siempre una inclinación irresistible a adquirir cada vez mayor autonomía, escapando en forma creciente a los controles que se le ponen.  La criatura, el Estado, se impone, pues, finalmente a sus creadores.  Esta circunstancia, que puede aplicarse indistintamente a cualquier Estado, se hace especialmente relevante en el Estado liberal en la medida en que parece contradecir su vocación inicial de no coartar la libre iniciativa de los gobernados.

La Constitución es, en principio, el instrumento mediante el cual el poder se somete al Derecho.  Dicho de otro modo: gracias a ella el poder deja de ser arbitrario en cuanto que se objetiva en esa Ley Fundamental.  Taxativamente, la Declaración del Hombre y del Ciudadano (1789) decía en su artículo XVI: “Toda sociedad en la que no esté asegurada la garantía de los derechos, ni determinada la separación de poderes, no tiene Constitución”. Esta afirmación se ha convertido desde entonces en la piedra angular del moderno Constitucionalismo, y es la clave de la radical división entre regímenes democráticos y autoritarios.

La separación de poderes es, sin duda, más formal que real.  En el régimen presidencial, cuando el partido del Presidente es también el mayoritario en el Parlamento, esa división resulta bastante ficticia, lo cual suele ser, por otra parte, harto frecuente.  Del mismo modo, en el régimen parlamentario de nuestros días no se da tal separación, ya que el Gobierno sale de la mayoría del Parlamento, en la que se apoya.  De hecho, la división de los poderes solo se produce en el momento de la pérdida de aquella mayoría y se forma el nuevo Gabinete, la identidad, que no la separación de poderes, será una realidad.  Esa peculiar situación se ve reforzada por cuanto el Presidente de la Cámara, que dispone de poderes notables, también pertenece a la mayoría.  Por lo tanto, la sociedad moderna deberá, arbitrar mecanismos para que garanticen el respeto de los poderes públicos que deben tener para la comunidad; al mismo tiempo, habrá de sacar todo el partido posible a los instrumentos con que cuenta en la actualidad: prensa, sociales, etc.  Solo así será factible articular un nuevo proyecto de limitación de poder, y adecuar la nueva realidad de la división de poderes mediante el establecimiento de unos controles efectivos.  Y solo entonces se estará en disposición de realizar desde posiciones más realistas un análisis adecuado de los distintos regímenes políticos.

De lo anteriormente planteado concretizo todos los comentarios y posiciones doctrinales a la esfera del ámbito nacional por lo que señalo que nuestro Estado Peruano vendría hacer la categoría objetiva que institucionaliza y legitima las diferentes expresiones del poder político en función de gobierno, enunciando sus fines y principios, normando sus alcances, atribuciones y responsabilidades, así como las relaciones de la sociedad civil en un territorio determinado.  Los elementos constantes que conforman un Estado son: El territorio; la población; y la autoridad.

Dentro del proceso de legitimidad que pretendo fundamentar es que la Constitución Política del Perú, como aparato normativo fundamental y superior a otro, cobra un papel fundamental en este proceso. 

Por lo que inicio con el Título II denominado “Del Estado y la Nación”, en el capítulo I referido al Estado; la Nación y el Territorio y concretamente en el artículo 43º enuncia las características de nuestro Estado:

Artículo 43º.-  La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana.  El Estado es uno e indivisible.
Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de la separación de poderes.

La carta magna de cualquier país le asigna al Estado determinadas características, dimensiones y atribuciones.  Nuestra Constitución recoge con cierta amplitud los principios generales de la democracia y la economía social del mercado (artículos 43º y 58º de la Constitución Política) que son los ejes principales que delinean a nuestro Estado.

En este contexto dentro del Estado para su conformación como tal, se encuentran los tres poderes del Estado: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial.  En segundo lugar, a los distintos órganos constitucionales autónomos que comparten atribuciones con los poderes del estado como son: la Contraloría General de la República; el Banco Central de Reserva; la Superintendencia de Banca y Seguros; el Consejo Nacional de la Magistratura; el Ministerio Público; la Defensoría del Pueblo; el Jurado Nacional de Elecciones; la Oficina Nacional de Procesos Electorales; el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil; el Tribunal Constitucional.

Todos estos órganos en su conjunto desempeñan las tradicionales funciones del Gobierno, cada cual en mayor o menor medida, así como funciones especializadas o específicas.

Las funciones y atribuciones del Poder Ejecutivo, están constituidas por el Presidente de la República, quien desarrolla las funciones de Jefe de Estado. El simboliza y representa los intereses permanentes del país. A su vez, como Jefe de Gobierno, es quien dirige la política gubernamental, respaldado por la mayoría político-electoral. En el régimen presidencial, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo son elegidos por sufragio popular. El sistema presidencial es una forma de gobierno representativa, donde los poderes del Estado están separados en Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Siendo cada uno de ellos autónomo e independiente.
El Poder Ejecutivo está organizado por la Ley Orgánica Nº 29158 “Ley Orgánica del  Poder Ejecutivo” promulgada el 20 de diciembre del 2007. Está conformado por el Presidente de la República; El Presidente del Consejo de Ministros y los Ministros.

Siendo el Presidente de la República, la persona que asume el rol de conductor del Estado y del Gobierno con un conjunto de prerrogativas que permiten un contrapeso en las relaciones con el Congreso.  Además, personifica a la nación, dirige la política general del gobierno, es el Jefe del Estado, Jefe del Gobierno y Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas. Las funciones del Presidente de la República están estipuladas en la Constitución Política del Perú en el artículo 118, donde se describen detalladamente las 24 funciones que le corresponde al mandatario de la Nación.

Dentro del sistema político encontramos al Presidente del Consejo de Ministros, siendo el mismo un funcionario designado y nombrado por el Presidente de la República encargado de colaborar con el mandatario en la dirección de la política general del Gobierno y coordina la actividad intersectorial de la función político administrativa del Estado.    Mantiene relación de coordinación con el Congreso de la República y con los Organismos Autónomos.  Así mismo coordina con los Gobiernos Regionales y Locales y promueve la participación y concertación social y económica en la gestión del Gobierno.

Otra de las instituciones que sirven de refuerzo en el Poder Ejecutivo se encuentra la conformación del Consejo de Ministros, la que es una institución que se desarrolla en el capítulo V del Título  VI de la Constitución Política del Perú.  Es la instancia máxima de deliberación y toma de decisiones para asuntos de interés general y está conformado por la reunión de los Ministros.  

Los ministerios también juegan un papel primordial para la toma de decisiones y la adecuada ejecución de la ejecución pública, siendo éstos organismos administrativos encargados de formular las políticas sectoriales de su competencia a través de normas de alcance nacional y prestar bienes y servicios sectoriales a través de los organismos públicos descentralizados, así como de la supervisión y evaluación de la ejecución de las políticas sectoriales.

Así mismo, la relación que juega en el balance del poder el Congreso de la República, es importante para el adecuado funcionamiento del aparato público, por lo que se entiende dentro de nuestra estructura del poder que el  Congreso de la República es el órgano representativo de la Nación, encargado de realizar las funciones legislativas, de control político y las demás que establece la Constitución del Estado.  Es unicameral y está integrado por ciento treinta Congresistas elegidos en forma directa, de acuerdo a la ley.

El Congreso es soberano en sus funciones. Tiene autonomía normativa, económica, administrativa y política.

En la organización del Congreso se distinguirá entre el ámbito de organización y trabajo de los Congresistas que se denominará organización parlamentaria y el de los órganos de asesoría y apoyo administrativo que se denominará servicio parlamentario.

La organización parlamentaria del Congreso tiene los siguientes órganos: El Pleno; El Consejo Directivo; La Presidencia; La Mesa Directiva; Las Comisiones, que pueden ser ordinarias, de investigación y especiales.

Por lo que en este contexto del equilibrio del poder se presentan la relación ejecutivo – legislativo  que juega un papel primordial en nuestro sistema democrático.

La relación que permite usar los mecanismos de control que es la relación Ejecutivo – Legislativo, el mismo que brinda las siguientes relaciones:

·        Relaciones en función del Régimen Político
-         El control de la Constitución

·        Relaciones de Gobierno
-         En la conducción del Gobierno:
-         En el mensaje presidencial
-         En el proceso de la conformación del presupuesto de la República.
-         En la conducción de la política exterior.
-         En la convocatoria de sesiones extraordinarias.
-         En la facultad del presidente a disolver el Congreso.

·        Relaciones en la función normativa del Gobierno
-   En la legislación mediante Decretos Legislativos.
-   En la legislación mediante Decretos de Urgencia.
-   En la legislación mediante Decretos Supremos.

·        Relaciones en el proceso de la formación de leyes (iniciativa legislativa)

·        Relaciones en el proceso legislativo (promulgación de la ley)

·        En la iniciativa de reforma constitucional.

La otra relación que permite usar los mecanismos de control es la relación Legislativo - Ejecutivo, el mismo que brinda las siguientes características:

En el contexto de la relación entre el Legislativo – Ejecutivo resaltan principalmente las relaciones que se entablan entre las dos instituciones fundamentales del Estado, para la toma de decisiones, por un lado el Ejecutivo y por el otro el Legislativo, dentro de estas relaciones encontramos el tema del Control Político el cual desarrollaremos a continuación.

Existe una teoría del Control Parlamentario Peruano, en donde el Congreso es la entidad representativa por excelencia de cualquier sociedad democrática y ejerce el control político de muchas maneras y evidencian las relaciones que existen entre el Parlamento y el Ejecutivo, que no necesariamente son de cooperación o coordinación, sino que también pueden ser de control, tensión y de conflicto.  Así podemos apreciar las siguientes formas de control político:

·      Relaciones de Control Político:
-       La Juramentación Presidencial.
-       La Investidura del Consejo de Ministros.
-       Las autorizaciones de viaje al exterior otorgadas al Presidente de la República.
-       El control sobre la legislación delegada: Decretos Legislativos, Decretos de Urgencia, Decretos Supremos.
-       Las solicitudes de información y los pedidos a los ministros y a la administración.
-       Invitación a los Ministros.
-       La estación de preguntas.
-       La interpelación a los ministros.
-       La censura ministerial.
-       La cuestión de confianza.
-       Las comisiones de investigación.
-       El control en la elección, ratificación y designación de funcionarios tales como: Defensor del Pueblo, Presidente el Banco Central de Reserva, Presidente del Tribunal Constitucional, Presidente de la Superintendencia de Banca y Seguros.

La Juramentación Presidencial.- Es un acto ritual, formal porque es el ciudadano elegido Presidente de la República quien presta juramento en virtud al mandato constitucional contemplado en la Constitución Política, artículo 116, que dice:

El Presidente de la República presta juramento de ley y asume el cargo, ante el Congreso, el 28 de julio del año en que se realiza la elección.

Tiene como escenario el seno del Hemiciclo de Sesiones del Congreso de la República, hecho que contiene profunda significación para la legitimidad y legalidad del ejercicio de la primera magistratura.

Este hecho significa una condición de validez para desempeñar el cargo y su omisión generaría el inicio de un ejercicio presidencial de facto, además es un juramento por el que se formulan las directivas del mandato y se encomienda la integridad el territorio nacional y se compromete a hacer observar las leyes de la República, empezando por la misma Constitución.

La Investidura del Consejo de Ministros, es una fase consolidación e integración en el proceso de conformación del Poder Ejecutivo, que se inicia cuando el electo Presidente de la República convoca al Primer Ministro para definir la conformación del gabinete y por consiguiente a la convocatoria y su posterior nombramiento, sin embargo, este proceso no queda culminado si es que el Congreso de la República no otorga la confianza al Gabinete recientemente constituido.  La investidura perfecciona la validez del nombramiento presidencial, a fin de fundar un gobierno con la confianza del Parlamento.

La Constitución Política, en el Capítulo IV correspondiente a las “Relaciones con el Poder Legislativo”, artículo 130, nos dice al respecto:

Dentro e los treinta días de haber asumido sus funciones, el Presidente del Consejo concurre al Congreso, en compañía de los demás ministros, para exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión.
 Plantea al efecto cuestión de confianza.
Si el Congreso no está reunido, el Presidente de la República convoca a  legislatura extraordinaria.

El Reglamento del Congreso de la República, señala en el artículo 82 desarrolla los pasos y puntos a tener a cuenta durante el desarrollo de la Investidura del Consejo de Ministros.
El Presidente del Consejo de Ministros debe concurrir ante el Pleno del Congreso acompañado con su gabinete para que expongan la política general de gobierno; debatir la política general de gobierno; y, debatir las principales medidas que requiere su gestión.

Asimismo, aquí se configura una figura denominada la “cuestión de confianza” la misma que es planteada por el Presidente del Consejo de Ministros a nombre de todo el consejo, la que será debatida y votada en la misma sesión o en la siguiente, según lo que acuerde en forma previa el Consejo Directivo o en el acto el Pleno del Congreso.

Cabe comentar que una de las principales funciones que realiza el Parlamento es en el Control sobre la legislación delegada: Decretos Legislativo, Decretos de Urgencia, Decretos Supremos.  Donde tenemos a los Decretos Legislativos, que son susceptibles de emitirse en virtud de la autorización expresa por parte del Congreso.

Se justifica por la eficacia de la actuación del Ejecutivo en la implementación de políticas públicas y por la necesidad de otorgar respuestas inmediatas a los problemas que plantea la realidad nacional.

El proceso de delegación de facultades para concretizarse requiere que éste se materialice por medio de una ley del Congreso que señale la autorización expresa e indique los limites y alcances a los que debe circunscribirse, concretamente se refieren a la materia y al tiempo que tiene para pronunciarse al respecto.  El exceso a los límites de la autorización trae como consecuencia la nulidad de la legislación delegada.

Los decretos de urgencia, son las normas que dicta el Ejecutivo en situaciones de grave crisis fundamentalmente económica y financiera y que requieren una respuesta inmediata.  El Ejecutivo por sus características y su tamaño, es el órgano del Estado más indicado para actuar rápidamente.  El Congreso por su carácter deliberativo no puede moverse con la rapidez exigida, sin embargo, se le reserva un rol importante para el control posterior de estas normas, en la medida que el Congreso es el titular de éstas.

El Congreso de la República contempla su papel a través de sus Reglamento, en el artículo 91º, señalando el procedimiento que le corresponde frente a este tipo de normas, siendo el Congreso quien ejerce el control sobre los Decretos de Urgencia dictados por el Presidente de la República en uso de la facultad que le concede el inciso 19) del artículo 118 de la Constitución Política, de acuerdo con las siguientes reglas:

a.      Dentro de las veinticuatro horas posteriores a la publicación del decreto de urgencia, el Presidente de la República dará cuenta por escrito al Congreso o la Comisión Permanente, según el caso, adjuntando copia del referido decreto.
b.      Recibido el oficio y el expediente mediante el cual el Presidente de la República da cuenta de la expedición del decreto de urgencia y a más tardar el día útil siguiente, el Presidente del Congreso enviará el expediente a la Comisión de Constitución, para su estudio dentro del plazo improrrogable de quince días útiles.  La Comisión da cuenta al Consejo Directivo del cumplimiento de esta atribución en el segundo día útil siguiente a la aprobación del dictamen.  El Presidente informa obligatoriamente al Pleno y ordena su publicación en el Portal del Congreso, o en la Gaceta del Congreso o en el Diario Oficial El Peruano.
c.       La Comisión informante calificará si el decreto de urgencia versa sobre las materias señaladas en el inciso 19) del artículo 118 de la Constitución Política y se fundamenta en la urgencia de normar situaciones extraordinarias e imprevisibles cuyo riesgo inminente de que se extiendan constituye un peligro para la economía nacional o las finanzas públicas.  En todo caso, presenta dictamen y recomienda su derogatoria si considera que las medidas extraordinarias adoptadas mediante el decreto de urgencia no se justifican o exceden el ámbito material señalado en el inciso 19) del artículo 118 de la Constitución Política.  En caso contrario, emite dictamen haciendo constar el hecho para los efectos a que se contrae la parte final del inciso b) de este artículo.

Los decretos supremos dentro de la relación de control que realiza el Legislativo al Ejecutivo, la doctrina da muestras que esta función no evidencia una relación concreta entre el Congreso y el Ejecutivo, sin embargo, se desarrolla dentro de un supuesto, que dice, que es una potestad – reglamentaria – del Ejecutivo por el que su titular reglamenta las leyes aprobadas por el Congreso sin trasgredirlas ni desnaturalizarlas o decreta normas de contenido autónomo que no contravengan los contenidos de las leyes.

En virtud de esta potestad, el Ejecutivo crea normas jurídicas de general aplicación que permiten al Presidente de la República y a los otros órganos del Estado el ejercicio  de sus facultades (decretos) y reglamenta las leyes de contenido genérico para que puedan ejecutarse a través de normas en detalle (reglamentos) y además, pone en marcha la administración pública.

Tenemos también como otro mecanismo de control, las solicitudes de información y los pedidos a los ministros y a la administración, siendo éstos instrumentos de control político que cumplen un rol importante como mecanismo de vigilancia y control, como sondeo de acciones u omisiones, así como de posibles responsabilidades en la conducción de los despachos ministeriales y otras instancias de la administración pública y en la ejecución de los presupuestos del Estado.  Son usualmente de carácter técnico e informativo y son muy complicados de definirlos en razón de su objeto, por ser muy grande y heterogénea la multitud de asuntos a los que se refieren.  Usualmente se dirigen a los ministros a quienes se les demanda datos, informes, explicaciones y documentos. 

Las invitaciones a los Ministros, es un mecanismo de información por el que se solicita la exposición temática de un Ministro, que eventualmente puede derivar de un control estricto.  Es una práctica muy frecuente en las Comisiones Ordinarias y su utilidad deriva en que se crea un ambiente de diálogo entre los Congresistas y los Ministros, en el que se intercambia amplia información actual y conveniente para el trabajo de las comisiones, de tal forma que se complementa o amplia los criterios y la base de datos necesarios para la elaboración de las normas, en especial las de cierta especialización. El mismo que esta amparado en el Reglamento del Congreso, en su artículo 84º.

La estación de preguntas, es un mecanismo que tiene por objeto mantener informada a la ciudadanía de las principales decisiones que afectan al gobierno y consiste en que los ministros acuden periódicamente al Pleno del Congreso a responder a un conjunto de preguntas previamente formuladas al Ejecutivo. Estipulado en el artículo 129º de la Constitución.

La interpelación de los ministros, es un procedimiento de control tipificado en el artículo 131º de la Constitución Política, es un mecanismo mucho más elaborado que tiene el Congreso para hacer que el Ejecutivo, por intermedio de los ministros o el Presidente del Consejo, acudan al Pleno para brindar las explicaciones sobre las interrogantes planteadas por los Congresistas, con la posibilidad de que éstos puedan exigir una responsabilidad política del Ejecutivo y que se traduce en la censura.

Es un derecho que tienen las minorías parlamentarias en la medida que para su presentación se requiere de un número mínimo 15% y para su aprobación un número menor que para la aprobación de las leyes ordinarias, con ello consiguen poner en debate nacional aspectos de la agenda del gobierno y así poder señalar las deficiencias, errores, omisiones, etc., y también oportunidad para exponer su posición alternativa ante la ciudadanía.

Los miembros del Congreso con sus preguntas y otros medios similares consiguen que el gobierno justifique su política, explique las razones por la que han procedido en determinado sentido o porque no procedió de alguna manera o también señale cuales son sus intenciones respecto a un asunto.

El Reglamento del Congreso en su artículo 83º contempla en manera detallada los requisitos para su presentación y aprobación, así como las pautas para su desarrollo.

La censura ministerial, es un instrumento con que cuenta el Parlamento para hacer efectiva la responsabilidad política del gobierno, expresando su insatisfacción con la política del gobierno en general o de un pliego y su sustentación y/o su desacuerdo con la permanencia del titular de algún ministerio, se produce la interpelación, cuando así lo convienen los Congresistas o ante la negativa del o los Ministros de presentarse ante el Congreso.

La moción de censura es un acto de voluntad por medio del cual el Parlamento expresa su desacuerdo ante el Ejecutivo, a tal punto que amerite exigirle su responsabilidad política.  La moción de censura supone la sanción por la que el parlamento declara extinguida la confianza depositada en el gobierno y, en consecuencia obliga al gobierno o a alguno de sus miembros a cesar en el ejercicio de su cargo.

Otro mecanismo que tenemos la cuestión de confianza, la misma que es el pedido que hace el Presidente del Consejo de Ministros o Ministros al Pleno del Congreso, luego de culminada su exposición o al inicio de la misma, a fin de obtener una reiteración de confianza, comprometiendo su cargo a la aprobación, hacia su persona, su programa o algún acto de su gestión pública.

Este acto significa la verificación de confianza y reforzamiento del apoyo del Congreso a la gestión del Ministro, ante la opinión pública.

Por otro lado tenemos a las  comisiones de investigación, estas comisiones son órganos de carácter no permanente y se constituyen con motivo de estudio o investigación sobre cualquier asunto de interés público, pudiendo ir desde controlar al gobierno, o acopiar información para implementar una acción legislativa por parte del Congreso, como por ejemplo la función o para actos de naturaleza jurisdiccional que incluso pertenecerían al ejercicio del anterior gobierno, o para servir de cauce de expresión a las funciones políticas.

Su rol se centra en el aspecto fiscalizador, sobre todo por el aumento de la producción legislativa del Ejecutivo, por ello los Parlamentos en general son órganos fiscalizadores por excelencia.

De los procedimientos legales que se encuentran amparados en los respectivos cuerpos normativos, se puede visualizar que dentro de nuestro Estado Peruano se plantea la  existencia del balance del poder y su respectiva división de los mismos, lo que permite que dentro de estas tres grandes instituciones tengamos al poder ejecutivo, al poder legislativo y al poder judicial, concretando la configuración del Estado de Derecho y al mismo tiempo verse reflejado en actos democráticos y a veces no tan democráticos dentro del acontecer diario de la convivencia política.  Por otro lado, también se visualiza como actores principales a los representados y representantes, pero nuevamente me preguntaría ¿qué rol juega el ciudadano en esta balanza del poder? o mejor dicho ¿cómo sus actos se van a ver reflejados en este gran aparato estatal? Definitivamente, me tendría que detener en la capacidad de representación que se le otorga a un grupo de representantes que vendrían hacer los 130 Congresistas - no dejo de nombrar a los demás representantes como: Presidente de la República, Alcaldes, Presidentes Regionales, etc.-  Pero realmente es en  los Parlamentarios donde recae el vivo reflejo del ciudadano a través de una representación pluricultural, donde nos vemos reflejados cada uno de nosotros,  acto de elección de nuestros Congresistas, y por ende el Congreso de la República, se enviste de esta legitimidad poderosa y procede a los actos de control estipulados en los diferentes cuerpos normativos planteados anteriormente. Es ahí donde nos deberíamos detener porque el Congreso de la República es la institución política donde se ve reflejado el poder de mayorías y minorías, donde como cuerpo deliberativo puede llevar a consolidar o romper un estado democrático, estabilizar o desestabilizar los actos del gobierno (ejecutivo) por ello la gran responsabilidad como ciudadanos que nos otorga nuestra propia Constitución Política, que en la misma jerarquía nos brinda el poder de ser representados, pero representados por nuestra propia voluntad, voluntad que debe ser reflejada por una cultura del conocimiento que nos brindan los principios democráticos en sus grandes esferas políticas.

La autora es responsable por las opiniones y contenidos del presente artículo.

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